El procedimiento de reenganche en la LOTTT (2-3)

¿Cuál es el comportamiento que deberían tener las inspectorías del trabajo frente a las inconstitucionalidades de este procedimiento? ¿Cómo se pueden defender los derechos de los trabajadores en casos de despidos ilícitos sin violentar derechos constitucionales?

En la entrega anterior, describimos cuales son los principales vicios constitucionales que tiene este procedimiento de reenganche. Es por ello, que en esta continuación presentaremos, lo que estimamos debería ser el comportamiento de las inspectorías del trabajo frente a este nuevo procedimiento. Y finalizaremos la semana con nuestras recomendaciones para los trabajadores y los empleadores sobre como enfrentar este tipo de situaciones.

Solicitud de reforma de la LOTTT

Sabemos que es una Ley totalmente nueva, sin embargo creemos que lo primero que debe hacer la administración del trabajo, sería convocar a una nueva discusión de la Ley del Trabajo para hacer reformas generales y puntuales que modifiquen todas estas situaciones que representan violaciones a la constitución nacional. Para nadie es un secreto, que esta ley no fue discutida propiamente, sino que se recopilaron una serie de propuestas que fueron inconsultamente puestas en una ley. Esto significa, que no hubo un primer proyecto que se discutió ni un segundo proyecto público sobre el cual se podían hacer observaciones.

Esta manera en la que fue publicada la ley, trajo como consecuencia que se crearan una serie de disposiciones legales que violentan la constitución y que en algunos casos incluso representan desmejoras para los trabajadores en comparación con la situación en la que se encontraban bajo el régimen anterior.

Es por ello, que lo que se debe hacer, es discutir una nueva ley del trabajo, que mantenga y supere los beneficios actuales que promueve la nueva ley, que respete las disposiciones de la constitución, que cuente con la aprobación de los sectores que deberían estar involucrados en este tipo de proyectos tales como sindicatos, empleadores, trabajadores, la administración pública, universidades, académicos, expertos laboralistas, organizaciones internacionales, activistas de derechos humanos y por supuesto los ciudadanos en general.

Ahora bien, esto es una solución a largo plazo, y mientras tanto, ¿qué se debería hacer?

Desaplicar por control difuso parte del procedimiento para pasar a aplicar un procedimiento especial

Hay algo que es cierto, y es que no se pueden permitir los vicios de inconstitucionalidad que se encuentran en este procedimiento. Por ello, lo que estimamos que se debe hacer es utilizar lo previsto en el artículo 334 de la Constitución y desaplicar por control difuso los vicios constitucionales que mencionamos en el artículo pasado.

Una vez desaplicadas las disposiciones inconstitucionales, se debe pasar a suplirlas con procedimientos que cree la administración de conformidad con lo previsto en la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en los artículos 07, 11 y 13 del Código de Procedimiento Civil.

Utilizando estas facultades que le permiten a la Administración del Trabajo crear nuevos procedimientos, deberían llevar a las Inspectorías a la aplicación supletoria, en tanto sea compatible, del procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. (Art. 47 LOPA)

Concretamente, estimamos que los vicios constitucionales que señalamos en nuestra entrega anterior, deberían ser desaplicados y suplantados por las siguientes opciones:

i) Falta de notificación: Este vicio es fácilmente corregible, notificando al empleador del procedimiento. Sin embargo, para mantener la rapidez del procedimiento, se debería implementar la notificación electrónica.

Si la situación requiere que se obvie el procedimiento de notificación, se debería tratar como una medida cautelar. Este podría ser el caso de un sindicalista despedido antes de las elecciones sindicales. En estos casos no se puede esperar a notificar al patrono porque se crearía un daño que no podría ser reparado. Sin embargo, estas situaciones deben ser excepcionales.

ii) Las violaciones al derecho a la defensa del trabajador:   Lo que indicamos en la entrega anterior, es que de acuerdo a la forma en la que está diseñado el procedimiento de reenganche, el empleador tiene una oportunidad de defenderse en el momento en el que se está ejecutando el reenganche. Sin embargo, el trabajador no tiene un momento específico para rebatir las defensas del empleador. Es por ello, que se deberían abrir lapsos sumarios en los que se le otorguen a ambas partes la posibilidad de presentar sus propios argumentos y pruebas y rebatir las pruebas del contrario sobre las situaciones que se encuentren controvertidas.

3) Debido proceso y Juez Natural: En los casos en los que esté en debate la existencia de la relación de trabajo, el asunto debería ser pasado inmediatamente a los tribunales del trabajo. Por supuesto, trasladar el proceso a los tribunales implica la posibilidad de decretar medidas cautelares para preservar los derechos que puedan ser infringidos por el paso del tiempo en un proceso judicial.

4) Principio de la doble instancia: El principio de doble instancia debería ser protegido en los casos en los cuales se tratan asuntos que deberían ser resueltos por los tribunales tales como aquellos en los que está en debate la existencia de la relación de trabajo. Sin embargo, como estos casos deben ser trasladados desde su primera etapa a la jurisdicción judicial, no habría violación del principio de la doble instancia.

5) Acceso a la justicia: Se debe desaplicar la exigencia de cumplir con las decisiones administrativas antes de acudir a los tribunales.

6) Confesión por coacción: Cuando el empleador no cumpla con la orden de reenganche, se deberá hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, para que se inicie el procedimiento para determinar la responsabilidad personalísima del culpable de tal hecho. De esta forma, el órgano competente, determinaría la responsabilidad personal de quien corresponda responder por el incumplimiento de la orden administrativa, y no se aplicaría una coerción que obligaría a los empleadores a declararse forzosamente culpables de haber violado los principios de inamovilidad.

7) Responsabilidad personal y presunción de inocencia: Al hacer una notificación previa al Ministerio Público para que inicie la persecución de la acción penal, se estaría respetando en principio la presunción de inocencia y no se violaría el principio de la responsabilidad penal personal.

 

 

 

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