El Procedimiento de Reenganche de la LOTTT (1-3)

En este estudio sintetizamos todo lo que usted necesita saber sobre el nuevo procedimiento.

Acompáñenos en este recorrido legal de tres entregas. En esta oportunidad, presentaremos una breve descripción de siete vicios inconstitucionales que hemos identificado en el nuevo procedimiento de reenganche.

En la segunda entrega, explicaremos cuál debería ser el comportamiento de las inspectorías del trabajo frente a estos vicios. Y en el último artículo, presentaremos nuestra opinión sobre cómo deberían encararse estos procedimientos a nivel práctico.

La razón por la cual comentaremos en esta primera entrega los aspectos inconstitucionales del nuevo procedimiento[i], antes de ofrecer nuestras consideraciones prácticas – es decir, qué se puede hacer a la hora de acatar el procedimiento, si bien viciado de nulidad-, es porque no queremos avalar un mecanismo regulatorio que, tal y como está consagrado, resulta contrario a las normas de la constitución.

¿Por qué un Nuevo Procedimiento? 

Intuimos que la idea de los redactores de la LOTTT de crear este nuevo procedimiento de reenganche, era la de tratar de resolver las principales fallas del procedimiento previsto en la derogada LOT.

A nuestro entender, el mayor problema que tenían los trabajadores con el antiguo procedimiento de reenganche, era el retardo respecto del lapso transcurrido entre el momento en que habían sido destituidos ilegalmente y el momento que eran restituidos efectivamente a su puesto de trabajo.

De igual forma, los trabajadores podían encontrarse con que los empleadores no cumplían las órdenes de restitución, porque las multas eran muy bajas y, además, debido a que las consecuencias frente a la inobservancia de la decisión, no disuadían coercitivamente al patrono a cumplir voluntariamente el marco jurídico.

Sin embargo, si corrían un riesgo grave aquellos empleadores que requerían la solvencia laboral para poder continuar realizando sus operaciones comerciales con el Estado venezolano, ya que sin este permiso perdían tal posibilidad. Por ello, resultaba más conveniente para estos empleadores dar cumplimiento voluntario a la orden de restitución emitida por la Inspectoría.

Por otra parte, el nuevo procedimiento intenta remediar estos problemas a través de las denominadas órdenes inmediatas de reenganche y estableciendo, como ya se sabe, una sanción de encarcelamiento de los empleadores que no cumplan con dichas ordenes de restitución. No obstante, en 6 meses de aplicación de la Ley hemos visto como lejos de solucionarse los problemas que existían en la antigua ley, la situación se ha agravado en perjuicio del derecho a la defensa, el debido proceso, la economía procesal, del buen funcionamiento de la administración pública y de los empleadores honestos que son objeto de chantajes.

No estamos sugiriendo que en tan corto periodo, el procedimiento deba funcionar sin inconvenientes sustanciales. Sin duda, las nuevas prácticas siempre demandan un lapso de adaptación y familiarización de quienes están llamados a aplicarlas y acatarlas. Lo que ocurre es que en este caso más que hablar de inoperatividad jurídica en razón del tiempo se trata de un problema de mal funcionamiento del procedimiento a causa de la violación de derechos y garantías constitucionales.  

Desde nuestra perspectiva, el remedio resultó peor que la enfermedad. Hacemos las precisiones correspondientes con el único ánimo de coadyuvar a identificar y corregir cualquier falencia de la Ley, entendiendo que la redacción de textos tan sustantivos como éste, requieren de la participación de muchos sectores y un tiempo de decantación que siempre estará reñido con la premura.

Violaciones a la constitución

1) Falta de notificación: No se le notifica previamente del procedimiento a los empleadores y por tanto se limita su derecho al acceso a una representación judicial válida. De igual forma, esta falta de notificación le priva de tener el tiempo necesario para preparar y tener acceso a los documentos y a las pruebas que favorezcan a su defensa.

La referida falta de notificación también es violatoria del derecho a la defensa del empleador, ya que si no se encuentra uno de sus representantes en el lugar de trabajo al momento de realizarse el acto del reenganche, todo lo expuesto por el trabajador se entenderá como cierto. Esto sin duda alguna conlleva a otra violación de este derecho ya que no sólo la Ley le obliga a permanecer en los centros de trabajo -cuestión que es complicada para los pequeños empleadores- sino que también le impide tener un plazo razonable para ejercer sus defensas.

2) Derecho a la defensa del trabajador: Cuando se establece que el empleador tendrá derecho a presentar las pruebas que estime pertinentes, significa que si el empleador demuestra en ese mismo momento del reenganche que (1) el trabajador ha renunciado, (2) no goza de inamovilidad o (3) ha recibido sus prestaciones sociales, el inspector deberá declarar como no procedente el reenganche.

Esta declaratoria a su vez violaría igualmente el derecho a la defensa del trabajador, quien no tiene una oportunidad plausible para presentar contrapruebas a las evidencias que presente el patrono en ese momento, si es que las presenta.

2.1) Reforma in peius de un acto administrativo que crea derechos: Aunado esto, si el empleador demuestra que el reenganche es improcedente, el funcionario administrativo, deberá entonces revocar un acto administrativo que ha causado un derecho al reenganche, violando de esta forma lo previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

3) Debido proceso y Juez Natural: Algunos de los juicios más complejos que han analizado los tribunales laborales se refieren a juicios en los que se debatía la existencia de una relación de trabajo. En ese sentido, estimamos que fue inadecuado el otorgamiento a las inspectorías de estos casos porque, dada la delicadeza del asunto, los mismos deben estar sujetos a los mecanismos de control, promoción y evacuación de la prueba establecidos en el proceso judicial, y que en este título no están desarrollados.

4) Principio de la doble instancia: Dada la importancia de los asuntos que se pueden decidir en este procedimiento, tales como la determinación de la existencia de una relación de trabajo o la flagrancia de un delito, si no se otorga al afectado la posibilidad de apelar de la decisión se estaría violando el principio de doble instancia que propugna la Constitución Nacional.

5) Acceso a la justicia: La exigencia prevista en el numeral 9 del artículo 425 de cumplir con el acto administrativo antes de recurrir contra él en los Tribunales es inconstitucional. Se trata de una violación del derecho de acceso a la justicia. A su vez, la Ley le impone al usuario cargas que a lo mejor le resultan imposibles de cumplir.

Con la redacción de este artículo, se estaría favoreciendo a los empleadores con altos recursos económicos sobre los empleadores que no puedan cumplir económicamente con la orden del pago de los salarios caídos. Esto obviamente traería como consecuencia una situación violatoria del derecho constitucional al acceso a la justicia, ya que se le prohibiría a una persona el acceso a los tribunales para impugnar un acto porque no tiene dinero para pagar lo que le ordenan. La Ley ha hecho una discriminación entre usuarios de primera categoría y usuarios de segunda categoría.

6) Confesión por coacción: Se viola el derecho al debido proceso del empleador, ya que ante la situación de tener un funcionario del trabajo que está amenazando con restringirlo de su libertad si no cumple con la orden de reenganche, el empleador podría aceptar el reenganche cuando considera que el mismo no es procedente, y se declararía culpable entonces de un despido ilícito bajo la coacción de la administración pública, lo que claramente haría que esta confesión fuese inconstitucional.

7) Responsabilidad personal y presunción de inocencia: Se viola el principio de responsabilidad personal y de presunción de inocencia, ya que según la LOTTT podría ser tomado como infractor al representante de la empresa que se encuentre presente en el momento del reenganche, sin tomar en cuenta que éste no necesariamente fue el representante del patrono que despidió ilegalmente al trabajador, en caso que realmente haya ocurrido tal despido. Esto implica que se estaría restringiendo la libertad de una persona simplemente por ostentar un cargo y no por haber cometido un “delito”.[ii]

Para finalizar, le recordamos que estamos abiertos a sus opiniones y comentarios.

 

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[i] Procedimiento para el reenganche y restitución de derechos. Artículo 425 LOTTT. Cuando un trabajador o una trabajadora amparado por fuero sindical o inamovilidad laboral sea despedido, despedida, trasladado, trasladada, desmejorado o desmejorada podrá, dentro de los treinta días continuos siguientes, interponer denuncia y solicitar la restitución de la situación jurídica infringida, así como el pago de los salarios y demás beneficios dejados de percibir, ante la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción correspondiente. El procedimiento será el siguiente:

1. El trabajador o trabajadora o su representante presentará escrito que debe contener: la identificación y domicilio del trabajador o de la trabajadora; el nombre de la entidad de trabajo donde presta servicios, así como su puesto de trabajo y condiciones en que lo desempeñaba; la razón de su solicitud; el fuero ó  inamovilidad laboral que invoca, acompañado de la documentación necesaria.

2. El Inspector o Inspectora del Trabajo examinará la denuncia dentro de los dos días hábiles siguientes a su presentación, y la declarará admisible si cumple con los requisitos establecidos en el numeral anterior. Si queda demostrada la procedencia del fuero o inamovilidad laboral,  y existe la presunción de la relación de trabajo alegada, el Inspector o la Inspectora del Trabajo ordenará el reenganche y la restitución a la situación anterior, con el pago de los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir. Si hubiese alguna deficiencia en la solicitud o documentación que la acompaña, convocará al trabajador o a la trabajadora para que subsane la deficiencia.

3. Un funcionario o funcionaria del trabajo se trasladará inmediatamente, acompañado del trabajador o la trabajadora afectado o afectada por el despido, traslado o desmejora, hasta el lugar de trabajo de éste o ésta, y procederá a notificar al patrono, patrona o sus representantes, de la denuncia presentada y de la orden del Inspector o Inspectora del Trabajo para que se proceda al reenganche y restitución de la situación jurídica infringida, así como al pago de los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir.

4. El patrono, patrona o su representante podrá, en su defensa, presentar los alegatos y documentos pertinentes. En la búsqueda de la verdad, el funcionario o la funcionaria del trabajo deberá ordenar en el sitio y en el mismo acto cualquier prueba, investigación o examen que considere procedente, así como interrogar a cualquier trabajador o trabajadora y exigir la presentación de libros, registros u otros documentos. La ausencia o negativa del patrono, patrona o sus representantes a comparecer en el acto dará como validas las declaraciones del trabajador o trabajadora afectado o afectada. El funcionario o funcionaria del trabajo dejara constancia en acta de todo lo actuado.

5. Si el patrono o patrona, sus representantes o personal de vigilancia, impiden u obstaculizan la ejecución de la orden de reenganche y restitución de la situación jurídica infringida, el funcionario o funcionaria del trabajo solicitará el apoyo de las fuerzas de orden público para garantizar el cumplimiento del procedimiento.

6. Si persiste el desacato u obstaculización a la ejecución del reenganche y restitución de la situación jurídica infringida, será considerará flagrancia y el patrono, patrona, su representante o personal a su servicio responsable del desacato u obstaculización, serán puestos a la orden del Ministerio Público para su presentación ante la autoridad judicial correspondiente.

7. Cuando durante el acto,  no fuese posible comprobar la existencia de la relación de trabajo alegada por el o la solicitante, el funcionario o funcionaria del trabajo informara a ambas partes el inicio de una articulación probatoria sobre la condición de trabajador o trabajadora del solicitante, suspendiendo el procedimiento de reenganche o de restitución de la situación jurídica infringida. La articulación probatoria será de ocho días, los tres primeros para la promoción de pruebas y los cinco siguientes para su evacuación. Terminado este lapso el Inspector o Inspectora del Trabajo decidirá sobre el reenganche y restitución de la situación jurídica infringida en los ocho días siguientes.

8. La decisión del Inspector o Inspectora del Trabajo en materia de reenganche o restitución de la situación de un trabajador o trabajadora amparado de fuero o inamovilidad laboral será inapelable, quedando a salvo el derecho de las partes de acudir a los tribunales.

9. En caso de reenganche, los tribunales del trabajo competentes no le darán curso alguno a los recursos contenciosos administrativos de nulidad, hasta tanto la autoridad administrativa del trabajo no certifique el cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida. 

 

[ii] Ver sentencia -SC – 986 – 28/05/2007 Caso Panadería Pastelería Mirabela C.A en la que se declara que es violatorio al derecho constitucional a la igualdad, la imposición de una sanción de arresto por no disponer de los medios económicos suficientes para cumplir con la misma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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comentarios

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  • Freddy E Goitiq Luquez

    Comparto 100% el análisis expuesto, sin embargo, la Sala Constitucional en reciente y triste sentencia del 05 de abril 2013, Nro 258 caso el País Televisión Ca, en Revisión Constitucional, señala que el articulo 425 N° 9 no violenta el derecho de acceso a la justicia, ¿cómo la ven Ustedes?

    • Luis Fernandez Aguilera

      Buenas tardes Freddy, muchas gracias por tu participación. Caramba, al igual que tú, opino que esta es una triste sentencia. Con el ánimo de defender unos supuestos derechos de los trabajadores se violentan principios fundamentales del derecho a la defensa. Soy laboralista, y como tal defiendo la estabilidad y los derechos de los trabajadores. pero exigir el cumplimiento de un acto administrativo como condición para poder acceder a los tribunales es una violación al acceso a la justicia. Me gustaría mucho escuchar la opinión de otros foristas al respecto. Saludos y muchas gracias por tu aporte

  • Deivis Ortiz

    buenas noches. siendo breve les explico: El año pasado en fecha 26 abril pasado me firmaron un contrato a tiempo determinado en c.v.g. venalum, a los 12 dias cambian al presidente de la empresa y al tomar su cargo el nuevo presidente me despide. recurri a un abogado privado por que al consultarles a los abogados de la inspectoria me dijeron que no procedia mi demanda. pues con el abogado privado solicite mi reenganche y la empresa no espero decision sino que consignaron un escrito donde decian que estaban de acuerdo con que yo terminara mi contrato. 1era violacion: me restituyeron en otra area de trabajo y cumpliendo otras funciones. 2da: al haberme interrumpido el contrato a tiempo determinado se ininterrumpio. mi contrato expiro el 26-12-2013 introduje la demanda el 23-01-2014 y el 02-04-2014 paso a decision y hasta la fecha de esta publicacion 14-08-2014 no habia salido ninguna decision y cada vez que voy nadie sabe nada que eso esta en decision.

  • marbella harnandez

    Buena tarde mi inquietud es acerca de la situación en la que se encuentran los trabajadores que solicitan el procedimiento de reenganche, y su decisión es sin lugar, ya que la inspectoria prácticamente lo dejan a su suerte o al capricho del patrono malvado que se toma todo el tiempo para pagar.Esta situación ocasiona que se este perdiendo la confianza en la justicia aplicada en las inspectorias del trabajo que no ajustan su actuación a derecho y permiten que la balanza de la justicia se incline a favor del fuerte jurídico.